Caso Izaguirre, Familias exigen justicia
“Caso Teuchitlán: Fiscalía destapa más delitos en el Rancho Izaguirre”
Nuevas imputaciones, pruebas reveladoras y presión internacional marcan el rumbo del caso
Las investigaciones en torno al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, han dado un giro inesperado. La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció la adición de nuevos cargos por desaparición cometida por particulares contra dos de los diez detenidos en el operativo realizado en septiembre de 2024. Estos nuevos señalamientos se derivan de los testimonios de tres víctimas que identificaron a los acusados como responsables directos de desapariciones en la región.
Un centro de exterminio al descubierto
El Rancho Izaguirre ha sido señalado como un sitio clave en la red delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizado no solo para entrenar a miembros de la organización, sino también como un crematorio clandestino. En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló en la propiedad restos óseos calcinados, prendas de vestir y otros objetos personales, lo que refuerza las sospechas sobre su uso como centro de exterminio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado mexicano a redoblar esfuerzos para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas. Asimismo, ha enfatizado la necesidad de un proceso de identificación forense riguroso, basado en evidencia científica.
Irregularidades y negligencias en la investigación
Desde el operativo en septiembre de 2024, en el que la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco lograron la detención de diez personas y el rescate de dos individuos secuestrados, las inconsistencias en la investigación han sido una constante. La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado graves omisiones, como la falta de una inspección exhaustiva y la demora en la identificación de restos humanos y objetos personales.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero ha advertido que la FGR evalúa la actuación de los funcionarios involucrados, desde el ministerio público asignado hasta la cadena de mando, para deslindar responsabilidades. Además, ha resaltado que el rancho estuvo en estado de abandono durante seis meses, lo que propició la pérdida de evidencia crucial.
Ante la indignación social y la presión de colectivos de búsqueda, el gobierno federal ha reafirmado su compromiso con la resolución del caso. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los hechos en Rancho Izaguirre constituyan crímenes de lesa humanidad, aunque aseguró que se está reforzando la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sin embargo, la CIDH insiste en que el Estado mexicano debe actuar con mayor determinación para sancionar a los responsables y garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familias.
Este caso subraya la crisis de desapariciones que enfrenta México y la necesidad urgente de fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia. La sociedad continúa expectante, exigiendo respuestas claras y acciones contundentes para combatir la impunidad y la violencia que azotan al país.
